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Los sectores empresariales aplauden la nueva Ley de fomento de implantación de iniciativas empresariales que acaba de ser publicada en el DOG. La Ley 5/2017 pretende atraer a empresas para que inviertan en Galicia mediante la previsión de medidas que faciliten el desarrollo, acceso y gestión del suelo empresarial, la mejora de la normativa de aplicación a dicha implantación y la previsión de los oportunos incentivos.

Representantes de la Cámara Minera de Galicia, el Clúster de la Pizarra, el Clúster del Granito y la Asociación Galega de Áridos han manifestado su apoyo al proyecto de Ley de fomento de iniciativas empresariales en Galicia porque “agilizará los plazos, sin reducir las garantías”. Esta nueva Ley regula la coordinación de las actuaciones en este campo de las diferentes consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, en el marco de la competencia exclusiva de la misma para el fomento y planificación de la actividad económica en Galicia.

Esta norma modifica la normativa de cooperativas, de ordenación de la minería, de parques eólicos, de turismo y la Ley de Montes. Entre las novedades más destacadas, destaca la reducción del periodo de exposición pública en relación a proyectos sectoriales incluidos en el Plan Sectorial de Áreas Empresariales de Galicia, en supuesto de concurrencia de razones de urgencia o la reducción de 50 a 20 millones de euros de inversión necesaria para que un proyecto se considere proyecto estratégico. Con la puesta en marcha de la nueva Ley se prevé que genere ‘más de 800 puestos de trabajo’ en el sector minero, teniendo en cuenta que este sector representa el 1,05 %  del PIB gallego.

La Ley incluye la creación del Censo de suelo empresarial de Galicia, en el cual habrán de inscribirse todas las áreas empresariales promovidas que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como las áreas previstas para su inmediato desarrollo. De este modo se facilita el conocimiento del suelo realmente disponible y el grado de ocupación de las áreas empresariales existentes, configurándose así el Censo como un instrumento de evaluación, planificación y actualización de las necesidades de suelo empresarial de Galicia.

Asimismo,  la nueva Ley de fomento establece la posibilidad de firmar convenios entre las entidades integrantes del sector público autonómico con competencias en esta materia y los ayuntamientos, para que estos puedan desarrollar áreas empresariales en el supuesto de que no dispongan de los medios necesarios, aprovechándose el conocimiento técnico y la experiencia de dichas entidades en la promoción y gestión del suelo empresarial.

También incluye medidas orientadas a facilitar el acceso al suelo empresarial, como son la aprobación de programas de incentivos, incluyendo la posibilidad de bonificaciones en los precios, adjudicación en derecho de superficie con opción de compra o derechos de adquisición preferente a favor de las personas titulares de las parcelas colindantes que permitan la consolidación de una implantación empresarial ya existente; las adjudicaciones directas para los denominados proyectos empresariales singulares; la flexibilización de los requisitos para la declaración de proyectos industriales estratégicos; y el pago aplazado del precio del suelo sin repercusión de intereses durante los primeros cuatro años, a contar desde la fecha de formalización de la venta, con un periodo de carencia de un año. Esta última posibilidad, junto con la previsión de proyectos de actuación conjunta entre los organismos dependientes de las consejerías de Infraestructuras y Vivienda y de Economía, Empleo e Industria, permitirán que iniciativas empresariales puedan acceder al suelo de titularidad autonómica sin tener que hacer frente al pago íntegro del precio de las parcelas, lo que reduce el esfuerzo económico para su implantación.

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